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El anuncio exige discutir qué ocurre cuando el poder político decide cuáles perspectivas merecen enseñarse y cuáles deben desaparecer. Por lo tanto, mi postura crítica se sostiene en que eliminar perspectivas, debates o contenidos bajo la etiqueta de “ideología” puede convertirse en censura. Aunque esta medida promete “neutralidad” y “orden”, deja abierta una cuestión fundamental: ¿con qué criterios se identificarán los contenidos que serán retirados? Sin definiciones precisas ni procedimientos públicos, esa clasificación puede convertir las preferencias gubernamentales en el límite de lo que estudiantes y docentes pueden conocer, preguntar y discutir.
En tal sentido, esta nota pretende advertir, desde distintas teorías educativas, la peligrosidad de la medida.
La teoría crítica del currículo permite comprender este riesgo. Michael Apple (2019) explica que el conocimiento escolar mantiene relaciones con el poder cultural y económico: seleccionar contenidos implica decidir qué saberes adquieren legitimidad. Enseñar historia, por ejemplo, supone reconocer acontecimientos, actores y experiencias; formar ciudadanía exige abordar derechos y conflictos. Desde esta perspectiva, anunciar un currículo sin ideología puede ocultar las decisiones políticas que organizan sus contenidos, sustrayéndolas de la discusión pública.
¿Tendríamos que exigir que las y los docentes enseñen los hechos históricos sin discutir sobre el pensamiento que impulsó tales hechos? ¿Qué comprensión sobre la historia de la humanidad, del mundo y del Perú tendrían los estudiantes si no se estudian las ideologías que moldearon su accionar? Por ejemplo, limitar el análisis sobre el periodo del conflicto armado interno implicaría un serio problema sobre la memoria, la justicia y la restitución de derechos. ¿El gobierno actual intenta, acaso, contar una historia desprovista de la verdad? Si dejáramos de anunciar que la violencia fue ejercida por los grupos subversivos y las fuerzas armadas, como objetivamente sucedió, estaríamos ante una educación que falte a la verdad.
Desde la filosofía democrática de la educación, excluir perspectivas empobrece la formación. Para John Dewey (1916), la democracia requiere comunicación entre grupos, intercambio de experiencias y condiciones para reconstruir la vida compartida. Una escuela democrática debe ampliar el horizonte de sus estudiantes y favorecer el encuentro con experiencias diferentes. Aplicado al debate actual, restringir el examen de las desigualdades, el racismo o las relaciones de género limitaría los recursos disponibles para comprender la sociedad y participar en ella.
Ahora bien, este problema también es pedagógico. Paulo Freire (1998), guía permanente en el ámbito educativo, vincula la enseñanza con la curiosidad, la investigación, el rigor y el respeto por la autonomía del estudiante. Aprender exige oportunidades para formular preguntas y examinar explicaciones. Desde este enfoque, prohibir anticipadamente ciertos asuntos debilita profundamente las condiciones del aprendizaje crítico porque establece fronteras que el alumnado debe aceptar antes de poder investigarlas. También reduce el margen docente para relacionar los contenidos con las experiencias y preocupaciones de quienes aprenden.
La teoría de la educación democrática de Amy Gutmann (1999) aporta otro criterio decisivo: la autoridad educativa tiene límites, expresados en los principios de no represión y no discriminación. Las decisiones sobre educación deben preservar las capacidades necesarias para la deliberación democrática. Este planteamiento permite cuestionar una reforma que cierre el acceso a perspectivas relevantes simplemente porque contradicen las convicciones de quienes gobiernan. Tener autoridad para organizar la enseñanza no equivale a disponer ilimitadamente de la formación del juicio ciudadano.
Defender la pluralidad tampoco obliga a considerar igualmente válidas todas las afirmaciones. Una interpretación histórica necesita fuentes; una explicación científica requiere evidencia. La objetividad demanda procedimientos de contrastación, argumentos explícitos y disposición a corregir errores. Por ello, una revisión curricular debe demostrar qué contenido resulta incorrecto, insuficiente o inadecuado para determinada edad. Calificarlo de “ideológico” no sustituye esa justificación ni permite distinguir una mejora pedagógica de una exclusión política.
Además, la educación peruana tiene compromisos constitucionales. El artículo 13 reconoce el desarrollo integral de la persona y la libertad de enseñanza; el artículo 14 establece la obligatoriedad de la formación ética y cívica y de la enseñanza de los derechos humanos. Estos fines proporcionan criterios para evaluar las reformas. Una política que retire contenidos vinculados con derechos debe explicar cómo garantiza esas obligaciones y qué consecuencias tendrá para la formación del estudiantado (Constitución Política del Perú, 1993, arts. 13–14).
La libertad educativa también pertenece a niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce sus derechos a expresar opiniones, recibir información y ejercer la libertad de pensamiento. Asimismo, orienta la educación hacia una vida responsable en una sociedad libre. El alumnado debe ser reconocido como sujeto de derechos, con capacidades que se desarrollan progresivamente mediante el aprendizaje y la participación (Naciones Unidas, 1989, arts. 12–14 y 29).
La amenaza aparece cuando una etiqueta ambigua permite excluir perspectivas sin razones examinables. Una educación libre necesita criterios transparentes, conocimientos rigurosos y condiciones para disentir con fundamento. Su calidad también depende de que cada estudiante pueda interrogar lo que recibe y construir un juicio propio. Proteger esa posibilidad exige mantener abierto el currículo al escrutinio público.
Apple, M. W. (2019). Ideology and curriculum (4th ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Ideology-and-Curriculum/Apple-Apple/p/book/9780367023003
Constitución Política del Perú. (1993). https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Constitucion-Politica-del-Peru-1993.pdf
Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan. https://books.google.com/books?id=8P0AAAAAYAAJ
El Peruano. (2026, 14 de octubre). Presidenta Keiko Fujimori: “Los próximos textos escolares saldrán sin ningún tipo de ideología”. https://elperuano.pe/noticia/306818--presidenta-keiko-fujimori-los-proximos-textos-escolares-saldran-sin-ningun-tipo-de-ideologia
Freire, P. (1998). Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage (P. Clarke, Trad.). Rowman & Littlefield. https://www.bloomsbury.com/us/pedagogy-of-freedom-9780847690473/
Gutmann, A. (1999). Democratic education (ed. rev.). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400822911
Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion